En la ocasión, se expuso el caso de Dani Osorio, un colono que denunció a una fábrica cercana como responsable del hecho, lo que ha perjudicado a varias familias de la zona que dependen de ese recurso para su vida diaria.

Al término de la sesión, Osorio relató a Radionoticias41 que, tras la detección de la contaminación, provocada por la empresa Toryal, su esposa comenzó a experimentar problemas digestivos, lo que los llevó a realizarse análisis médicos. Tras las consultas pertinentes y de acuerdo a las recomendaciones médicas la familia ha dejado de utilizar el agua del pozo para consumo.

El colono expresó que la contaminación ha generado un grave perjuicio económico, producto de la desconfianza que provoca la situación en los compradores, provocando una considerable disminución en la venta de sus productos. Osorio aclaró además que, hasta tanto no exista claridad sobre los efectos en la calidad de sus cultivos ha decidido suspender su producción como medida precautoria.

En ese marco, Osorio explicó que presentó una propuesta a la fábrica responsable de la contaminación para implementar un sistema de aireado del agua, que podría reducir los efectos del químico en los cultivos. Sin embargo, mencionó que aún esperan la respuesta de la empresa de la cual esperan que se haga cargo de los gastos que ello implica.

Osorio confirmó que no es el único afectado, y que otros vecinos también han detectado contaminación en sus pozos. Según explicó, la contaminación parece estar en movimiento bajo tierra, lo que genera incertidumbre sobre el alcance del problema.

Además de la preocupación por la salud inmediata, Osorio destacó el impacto a largo plazo de la contaminación y la necesidad de evaluar si toda la zona está afectada. También sugirió considerar la reubicación de las actividades productivas en la región.

Ante la preocupación por esta situación, la Junta Departamental aprobó por unanimidad una moción que solicita que los organismos competentes tomen medidas. En tal sentido, el edil nacionalista Gonzalo Simone expuso la necesidad de que se tomen medidas concretas para atender la situación de los productores afectados. Afirmó que, aunque el Gobierno ha apoyado con agua, es crucial que la empresa responsable asuma los costos del daño ambiental. Además, resaltó que la legislación actual permite reabrir la causa y exigir que la empresa mitigue el impacto tóxico que sigue extendiéndose en el acuífero Raigón.

Por su parte, Susana Gásperi cuestionó el verdadero alcance de la contaminación. Gásperi enfatizó que la contaminación continúa avanzando y que es urgente realizar estudios para determinar hasta dónde ha llegado el daño y su impacto en el acuífero Raigón.