Barrios señaló que situaciones como la de la empresa de limpieza Goncla, que mantuvo conflictos con trabajadores por impago de salarios cuando prestaba servicios a la Intendencia de San José y que luego volvió a ser contratada por el Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU), evidencian la necesidad de reforzar estos controles.

“Estamos trabajando sobre profundizar el registro de empresas infractoras y que distintos organismos del Estado lo utilicen a la hora de poner en funcionamiento las licitaciones”, expresó la directora. Agregó que no se trata de un caso aislado, ya que se han detectado situaciones similares en otros departamentos, donde empresas con antecedentes de incumplimientos vuelven a ser contratadas por organismos estatales.

El objetivo es que este registro, que se gestiona desde la Inspección General de Trabajo, sea una herramienta de uso transversal para todos los organismos públicos. “Se está reflotando porque estaba un poco en desuso y buscamos transversalizarlo a la interna del resto del Estado”, explicó.

Barrios también recordó que los trabajadores afectados por incumplimientos tienen distintos mecanismos de reclamo, tanto a través de la Inspección como de instancias judiciales. Además, subrayó la importancia de la Ley de Tercerizaciones, que establece la responsabilidad solidaria o subsidiaria de los contratantes en determinadas situaciones.