La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó al Estado uruguayo a pagar una indemnización a los ahorristas del Banco Montevideo afectados por un fraude en 2002. La cifra total que deberá abonar el Estado es de casi 2,8 millones de dólares.

Alicia Barbani, representante de los ahorristas, explicó en una entrevista con Telemundo que en 2002 sus ahorros fueron desviados sin su consentimiento hacia un banco en las Islas Caimán. Tras intentar sin éxito resolver el caso en Uruguay, llevaron la denuncia a organismos internacionales, que en 2011 elevaron el caso a la Corte.

De los 1.500 ahorristas originales, sólo 50 resultaron beneficiados por esta sentencia. Barbani destacó que fue incluida porque pudo probar que nunca autorizó el traslado de sus fondos.

Además, resaltó que fueron dos mujeres, sin ser abogadas, quienes impulsaron esta causa frente a la falta de respuestas del Estado. El pago para cada afectado será de hasta 100.000 dólares, según la ley que regula estos casos.

Esta sentencia representa un paso importante en la protección de los derechos de los ciudadanos y la responsabilidad del Estado frente a fraudes financieros.