Según informó Bruno Echedo, dirigente de FUECYS, algunas han conseguido empleos precarios con menos horas o en condiciones no habituales, mientras otras siguen desempleadas. Las deudas salariales, que se remontan a setiembre de 2024, varían entre 20.000 y más de 150.000 pesos por persona, y el monto total superaría el millón de pesos, aunque aún no se ha cuantificado con precisión.
Echedo confirmó que se están analizando acciones judiciales, tanto individuales como colectivas, para reclamar los haberes impagos. La federación advierte que las demandas deben presentarse antes de septiembre, cuando la deuda prescribirá legalmente. El dirigente sindical subrayó que el INAU, como organismo contratante, tiene responsabilidad legal en el pago, y que no puede excusarse en la falta de presupuesto.
"Desde septiembre estamos con este tema, y las trabajadoras aún no han recibido el pago correspondiente a lo trabajado. En su momento, el propio dueño de la empresa autorizó mediante una carta al INAU a utilizar fondos retenidos para pagar los sueldos. A pesar de múltiples gestiones, audiencias y entrega de documentación, finalmente el INAU comunicó que no abonará los haberes, lo que implica un incumplimiento de la ley de tercerizaciones", expresó Echedo.
IMPACTO SOCIAL Y EMOCIONAL
El dirigente también hizo hincapié en las consecuencias sociales y emocionales del conflicto, afirmando que la federación ha abordado el tema desde su Departamento de Salud Mental.
"Esto genera una cadena de eventos: inseguridad laboral, pérdida de empleo, atrasos en alquileres, deudas con cooperativas y créditos, y una gran presión psicológica. Muchas trabajadoras hoy consumen psicofármacos por prescripción médica. Este tipo de situaciones no solo afectan el bolsillo, sino también la salud mental", indicó.
Echedo cuestionó además las condiciones laborales que se están generando a nivel país:
"Nos dicen que se crean miles de puestos de trabajo, pero ¿en qué condiciones? Hoy hay miles de trabajadores que ganan menos de 25 mil pesos líquidos. Eso no alcanza para vivir y genera inseguridad alimentaria y emocional."
POSIBILIDAD DE COBRO Y SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA
Consultado sobre la expectativa de que las trabajadoras cobren lo que se les debe, Echedo se mostró confiado:
"La ley es clara: el contratante debe hacerse cargo de los incumplimientos. Creemos que la justicia va a fallar a favor de las trabajadoras. Lo que puede pasar es que por necesidad algunas acepten arreglos por montos menores, pero lo fundamental es salir de esta situación angustiante."
En cuanto a la empresa Goncla, continúa operando, aunque con una menor carga de servicios. Por el momento, no se han reportado nuevos conflictos laborales.
