La Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (FENAPES) informó este viernes que la Justicia falló en contra de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP) en dos causas iniciadas por docentes sancionados en 2021 por presunto proselitismo sindical en el Liceo 1 de San José. Las sentencias, dictadas por juzgados civiles en primera instancia, consideran que la ANEP actuó con intencionalidad y de forma contraria a derecho.

Según explicó el presidente de FENAPES, José Olivera, en conferencia de prensa, los docentes sancionados fueron objeto de una política que, a juicio del sindicato, tuvo motivaciones políticas y se desarrolló con el aval de autoridades educativas del período pasado, incluyendo al entonces presidente del Codicen, Robert Silva, así como a legisladores de la coalición de gobierno.

Las sanciones aplicadas en su momento incluyeron la separación del cargo por 180 días y generaron efectos administrativos que aún hoy afectan los legajos de los docentes involucrados, según sostuvo el sindicato.

Olivera destacó que el fallo de los jueces es categórico al señalar que no había elementos suficientes para reabrir la investigación administrativa que derivó en el sumario. Además, cuestionó la exposición pública de los docentes y sostuvo que el proceso fue utilizado para criminalizar la actividad sindical.

“Estos fallos demuestran que el accionar de la ANEP se apartó del Estado de Derecho”, afirmó Olivera, quien además señaló que se trató de una política articulada entre autoridades educativas, parlamentarios y algunos medios de comunicación.

En junio de 2023, la Organización Internacional del Trabajo (OIT) había recomendado al Estado uruguayo revisar lo actuado en este caso, a través de su Comité de Libertad Sindical. En ese sentido, el 21 de abril de este año, el Ministerio de Trabajo convocó a ANEP y a FENAPES a una instancia de diálogo para atender estas recomendaciones. Como resultado, el 6 de mayo, el actual Consejo Directivo Central de ANEP encomendó a la Dirección General de Educación Secundaria reconsiderar las sanciones.

Consultado sobre la posibilidad de pedir un resarcimiento económico, Olivera aclaró que los procesos judiciales con sentencia corresponden a acciones individuales, y que FENAPES, por su parte, está enfocado en lograr que se reviertan las sanciones administrativas vigentes, ya que afectan el acceso de los docentes a concursos y llamados.

Actualmente, según el sindicato, hay al menos ocho causas en curso vinculadas al mismo hecho. Las dos que ya tienen fallo fueron resueltas de forma favorable a los trabajadores.

Desde FENAPES también se planteó que, si se confirma el accionar intencional e ilegal de funcionarios públicos en este proceso, corresponde evaluar la posibilidad de que respondan con su patrimonio, de acuerdo al artículo 25 de la Constitución.

Finalmente, el secretario de FENAPES, Emiliano Mandacen, subrayó que los hechos ponen en cuestión la credibilidad de las autoridades de la educación del gobierno anterior, y cuestionó que se haya impulsado un proceso de persecución a la organización sindical. “No lo decimos nosotros: lo dicen jueces independientes y organismos internacionales”, concluyó.