La exsubdirectora de Desarrollo Rural del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP), María Mercedes Antía, afirmó este miércoles en entrevista con Radio 41 que no está indagada en la investigación que lleva adelante la Fiscalía de Libertad por presunta estafa con ganado. La causa involucra a su esposo, Marcos José Algorta Adami, y a sus dos hijos, Rosina y Marcos José Algorta Antía, a raíz de una denuncia presentada por inversores que reclaman faltantes de animales en un predio de San José.

“Yo no estoy en absoluto indagada”, expresó Antía al ser consultada en el programa Según como se mire. “Obviamente están aprovechando, lamentablemente, que soy quien soy, y se mezcla todo”, añadió.

La exjerarca sostuvo que la divulgación del caso en estos días responde a una intencionalidad política, dado el contexto electoral. “Claramente hay una intencionalidad política, claramente, de sacar eso en este momento”, dijo. “Son las cosas que nos pueden pasar a los que estamos en esta actividad, que tres, cuatro días antes de una elección departamental saquen este tipo de noticias”, agregó.

Antía también afirmó que la denuncia no la involucra directamente y que su familia es la que está haciendo la defensa en el proceso judicial. “Realmente yo no tengo nada que ver con el tema”, señaló, y agregó que la situación afecta a su entorno personal. “Obviamente desde el punto de vista familiar nos está afectando. Estoy deseando que esto pase rápidamente y que se dilucide toda esta situación”, expresó.

El caso que investiga la Fiscalía de Libertad tuvo origen en una denuncia presentada por un grupo de inversores vinculada al engorde de ganado en un establecimiento de San José. Según informó el medio La Diaria en base a fuentes cercanas a la causa, los cuatro integrantes de la familia Algorta Antía —incluida Mercedes Antía— figuran como “indagados” en un oficio fechado el 10 de marzo de 2025, remitido por la Fiscalía al MGAP.

La Fiscalía continúa recabando información para esclarecer los hechos y determinar si existe responsabilidad penal.