El Consejo Directivo Central (CODICEN) de la ANEP resolvió por unanimidad pedir a Secundaria que revise las sanciones impuestas durante el anterior período de gobierno a seis docentes del Liceo 1 de San José. Estas sanciones se aplicaron luego de que los docentes se manifestaran en contra de la reforma constitucional “Vivir Sin Miedo” en 2019.

La decisión fue comunicada en una conferencia de prensa en San José por el dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (FENAPES), José Olivera. También participó Rosario Molina, una de las docentes sancionadas, quien ganó un juicio contra la ANEP. La Justicia consideró que el sumario que se le realizó fue “abusivo” y ordenó indemnizarla con 7.000 dólares por daño moral.

Olivera sostuvo que durante el gobierno anterior hubo intencionalidad política en la aplicación de estas sanciones y citó el artículo 25 de la Constitución, que establece la responsabilidad de los funcionarios por sus actos. Según dijo, quienes tomaron esas decisiones deberían responder con su patrimonio.

Desde la Asociación de Profesores de San José, el dirigente Marcel Slamovitz opinó que las sanciones buscaron frenar al movimiento sindical y facilitar la aplicación de la reforma educativa. Señaló que San José fue uno de los primeros objetivos por su fuerte organización gremial. También criticó esa reforma por reducir contenidos, recortar presupuesto y aumentar la carga administrativa sobre los docentes.

Marta Porley, presidenta de la Asociación, consideró que el fallo a favor de Molina muestra que las sanciones no estaban justificadas y negó que los docentes hayan violado la laicidad, como argumentaron las autoridades en aquel momento. Afirmó que hubo persecución política y que el proceso no estará cerrado hasta que se retiren todas las sanciones y se repare a todos los afectados.