En las últimas horas se instaló la mesa de negociación entre el gobierno y el consorcio Aguas de Montevideo, impulsor del proyecto Neptuno, que prevé construir una planta potabilizadora de agua en Arazatí. Fue el primer encuentro tras la decisión de suspender por 90 días la ejecución del contrato, con el objetivo de revisar aspectos técnicos y jurídicos de la iniciativa.

Participaron del encuentro el secretario de Presidencia, Alejandro Sánchez; el ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño; autoridades de OSE, representantes del Instituto de Mecánica de los Fluidos de la Facultad de Ingeniería y técnicos del consorcio. La reunión sirvió para acordar una metodología de trabajo: se conformarán dos grupos, uno para tratar los aspectos técnicos e ingenieriles y otro para revisar el contrato desde el punto de vista legal.

El encuentro duró más de dos horas y culminó sin declaraciones públicas. Sin embargo, ambas partes lo valoraron de forma positiva y manifestaron su disposición a alcanzar acuerdos. Incluso se planteó la posibilidad de cerrar un entendimiento antes del vencimiento del plazo.

Durante la reunión, técnicos de OSE y del Poder Ejecutivo expusieron dudas sobre puntos críticos del proyecto, como la fuente de agua, la salinidad y el pólder, que han sido señalados por organizaciones opositoras a la iniciativa. Se acordó una nueva reunión para la próxima semana y el inicio de encuentros periódicos entre los equipos técnicos.

Desde el gobierno se mantiene una visión crítica del proyecto y se considera prioritaria la represa de Casupá, aunque se reconoce la necesidad de negociar con el consorcio dado el contrato firmado. A su vez, el consorcio sostiene que Neptuno puede integrarse al Plan Nacional de Infraestructura Hídrica y ha mostrado disposición a revisar el acuerdo.

En paralelo, organizaciones sociales mantienen una carpa frente a Torre Ejecutiva en rechazo al proyecto, y esta semana enviaron una carta al presidente Yamandú Orsi pidiendo que se anule el contrato.