El acto por el 1º de mayo en San José fue escenario de múltiples reclamos vinculados a derechos laborales y políticas públicas. Entre los temas abordados, la salud y la educación ocuparon un lugar relevando en el discurso pronunciado por Andrea García, representante del Plenario de Trabajadores del departamento.

García expresó preocupación por la situación de la salud pública en San José, haciendo énfasis en la falta de medicamentos básicos para enfermedades crónicas y en la escasez de especialistas. Según señaló, estas carencias se agravaron a raíz de la pandemia, generando una creciente desigualdad entre el sistema público y el privado. “Volvimos al viejo paradigma de una salud para ricos y otra para pobres”, afirmó.

La representante también destacó el aumento de personas en situación de calle y con problemas de salud mental que recurren a los hospitales, ante el debilitamiento de otros dispositivos de atención. En ese sentido, denunció el cierre de centros de salud mental y la falta de incentivos para trabajadores del sector. “No sólo existe una salud para ricos y otra para pobres, sino también trabajadores de primera y de segunda”, agregó, reclamando mejores condiciones laborales y un régimen de trabajo más justo para todo el personal de salud.

En materia educativa, los sindicatos del sector —entre ellos la Asociación de Maestros (ADEMU), la Asociación de Funcionarios de UTU (AFUTU), y la Asociación de Profesores de San José (APSJ)— manifestaron su rechazo a la reforma educativa implementada por el anterior gobierno, a la que calificaron como “impuesta sin participación” y “alejada de la realidad de las aulas”. Según señalaron, los cambios han deteriorado las condiciones de enseñanza y aprendizaje, y afectado la profesionalización docente.

Las organizaciones denunciaron también dificultades estructurales en el sistema educativo del departamento, como la falta de personal, edificios en mal estado, sobrecarga laboral y escasez de recursos. Desde AFUTU se advirtió sobre el “abandono” de la educación técnica, mientras que ADEMU cuestionó la pérdida de espacios pedagógicos en la escuela pública. Por su parte, la APSJ exigió garantías para el ejercicio sindical y la anulación de sanciones consideradas arbitrarias contra docentes.

Los sindicatos coincidieron en reclamar un mayor presupuesto para la educación: el 6% del PIB para la ANEP y el 1% para la Universidad de la República (Udelar). También solicitaron condiciones dignas de trabajo, infraestructura adecuada, equipos técnicos estables y una participación real en las decisiones que afectan al sistema educativo.

La oratoria concluyó con un llamado a defender la educación pública como un derecho social y un componente central de una sociedad más justa.