El próximo 14 de mayo, un conjunto de organizaciones sociales presentará ante la Justicia una acción de nulidad contra el contrato firmado entre el gobierno uruguayo y el consorcio Aguas de Montevideo, responsable del Proyecto Neptuno. La iniciativa legal, asesorada por la clínica de litigio estratégico de la Universidad de la República, sostiene que el acuerdo vulnera disposiciones constitucionales que prohíben la participación privada en el abastecimiento de agua potable.

Este miércoles, en una entrevista con Informativo41, el abogado Juan Ceretta, quien lidera el equipo jurídico que acompaña la acción, explicó que el proyecto contraviene la reforma constitucional de 2004. Dicha reforma establece que el servicio de agua debe prestarse de forma directa y exclusiva por parte del Estado, sin intervención de privados ni bajo esquemas de participación público-privada.

El contrato adjudica al consorcio privado tareas clave como la toma y el tratamiento de agua bruta, lo que a juicio de Ceretta constituye una violación del texto constitucional. Además del cuestionamiento jurídico, la demanda se sustenta en preocupaciones medioambientales, en particular el riesgo de contaminación del acuífero Raigón.

Aunque el gobierno y las empresas acordaron suspender las obras por 90 días para renegociar el contrato, Ceretta indicó que esto no altera el fondo de la demanda. “Un contrato nulo no produce efectos jurídicos”, señaló, y añadió que las organizaciones también solicitarán una medida cautelar que impida el reinicio de los trabajos mientras se sustancia el juicio.

El abogado cuestionó también la falta de participación pública durante el desarrollo del proyecto y la escasa consulta a la población del departamento de San José, donde se prevé la instalación de la planta. En ese sentido, destacó el rol de actores locales que han expresado su rechazo, incluyendo la Junta Departamental y la mayoría de los candidatos a la Intendencia, quienes firmaron recientemente un compromiso en contra del proyecto y solicitaron una reunión con el Presidente de la República.

Ceretta advirtió que incluso una eventual modificación del contrato no resolvería las objeciones de fondo: “Adaptarlo a la Constitución implicaría excluir a las empresas privadas, y eso ya no sería el Proyecto Neptuno”, concluyó.