Pedro Bonino, vocero de los productores, señaló que las modificaciones al proyecto no fueron comunicadas ni discutidas previamente, lo que generó incertidumbre y oposición. Además, cuestionó la ubicación de la toma en Arazatí debido a problemas de salinidad y contaminación. Aunque los productores habían mantenido reuniones con las autoridades, Bonino afirmó que sus reclamos no fueron atendidos.

Silvana Fernández, del movimiento Los Tucu-Tucu, manifestó su preocupación por la firma del contrato, calificando la decisión del gobierno como apresurada y contraria a los intereses del país. Fernández señaló que el procedimiento ignoró una medida cautelar pendiente y denunció que el proyecto implica un endeudamiento que beneficia a empresas privadas. Además, criticó la falta de atención a los reclamos de organizaciones sociales y científicas, reafirmando su compromiso de continuar la lucha contra lo que considera una privatización del agua en Uruguay.